Genor Bolaño asegura que la administración anterior no cumplió con sus obligaciones, dejando así un déficit presupuestal.
En San Zenón se ha desatado una fuerte polémica que tiene ‘en jaque’ a la alcaldía de ese municipio puesto que, presuntamente, habría incumplido con los pagos de más de 14 contratistas por prestación de servicio.
Este medio digital conoció que las personas afectadas corresponden al periodo del 2020 quienes, de acuerdo con un comunicado, hoy reclaman el derecho de igualdad, debido a que, “la administración sigue haciendo los pagos correspondientes a otros funcionarios y contratistas”.
Dos de los trabajadores a los que, supuestamente, la alcaldía les ha incumplido con el pago de su trabajo son: la Ingeniera Pesquera, Leda Pabón y Orlando Pérez, quienes laboraron en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA.
Según el documento presentado, la ingeniera no ha recibido ningún salario correspondiente a cuatro meses, tiempo en el que el alcalde Genor Bolaño Padilla recibió la administración. Por ende, decidió interponer un derecho de petición para conocer las razones del incumplimiento, del cual ya se habrían vencido los términos legales.
A Orlando Pérez, quien fue apoyo en la misma oficina, afirma que le deben dos meses y tampoco ha tenido respuesta.
“Los contratistas al iniciar sus actas de contrato se les notificó la aprobación de los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) y la disponibilidad del municipio para su contratación, por lo que hoy se hace incomprensible la falta que se comente al incumplimiento de los pagos”, dice el comunicado.
De acuerdo con el documento, el grupo se organizó para solicitar de manera formal una audiencia con el alcalde, pero no hay respuesta de su parte, ni de ningún funcionario delegado.
Por otra parte, la alcaldía de San Zenón ya se pronunció a través de un comunicado y estas fueron sus razones:
Aunque rechazan públicamente todas las supuestas difamaciones por parte de los contratistas, no desmienten que se han atrasado con algunos pagos debido a “diferentes inconvenientes tanto financieros, como incumplimientos con los compromisos contractuales por parte de estos”.
Según la parte acusada, el actual alcalde se posesionó el 10 de septiembre del año pasado y encontró la administración municipal con varios compromisos, “que fueron infringidos por la administración pasada en los primeros meses del año 2020, causando un trastorno en el manejo presupuestal del municipio que quedó para la vigencia del mismo año, lo cual conllevó a un déficit presupuestal”, postergando de esta manera el pago de los contratistas implicados.
La administración pone como manifiesto, el proyecto de Colombia Rural: Invías que adquirió un convenio con ellos, con el compromiso de aportar 207 millones de pesos. Sin embargo, la administración encargada en el mes de marzo del año pasado generó un CDP, pero no hizo la provisión de esos recursos a la cuenta.
“…Generando así un déficit fiscal que quedó para la vigencia 2020, y que ascendió a noventa y siete millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cincos pesos, lo que no permitió cumplir a cabalidad con las obligaciones del municipio”.
El documento presentado por la alcaldía añade que los contratistas, con antelación, eran conscientes de todo lo que estaba presentando en la administración municipal.
Asimismo, argumentan desde la alcaldía que la mayoría de los contratistas habrían incumplido con la entrega de sus servicios y documentos requeridos legalmente, como el pago inoportuno de la seguridad social.
“Tenemos el caso de Orlando Pérez, quien prestó sus servicios como apoyo en la oficina UMATA, y hasta el día 12 de enero del presente año hizo entrega del certificado de pago a la seguridad social del mes de noviembre de 2020”, señala el documento, con respecto a la queja presentada.
Por último, el comunicado señala que el alcalde se encuentra trabajando en la planificación del pago de todas las obligaciones, “siempre, dependiendo y sujetados a los ingresos corrientes del municipio”. Sin embargo, los 14 contratistas no quieren más plazos y esperan un compromiso formal que les permita tener una esperanza en medio de este ‘rifi rafe’.
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