La entidad precisó que la población tanto en cabeceras como en zona rural se encuentra en inminente riesgo.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012-21 de 15 de junio de 2021, mediante la cual advierte sobre la presencia de grupos armados al margen de la ley en los municipios magdalenenses de El Banco, Guamal y San Sebastián de Buenavista; así como en poblaciones del Cesar como Chimichagua, Astrea y Tamalameque.
De acuerdo con la Defensoría, dentro de la población que se localiza en estos municipios se evidencian altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y exhiben franjas poblacionales que están muy cerca o se ubican por debajo de la línea de pobreza extrema.
Además, hay sectores poblacionales que, en el contexto del escenario de riesgo analizado, deben ser objeto de especial protección, como comunidades indígenas, asociaciones de pescadores, Juntas de Acción Comunal, campesinos, afrodescendientes y población víctima del conflicto.
La Alerta Temprana indica que, desde la perspectiva del escenario de riesgo, la ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica, pues en la zona confluye el contrabando de cocaína y oro ilegal que proviene de las zonas de cultivos de uso ilícito de lado y lado del Magdalena Medio —del Sur de Bolívar y del Catatumbo—, para encaminarse hacia los puertos del litoral Caribe de donde salen con destino a los mercados internacionales. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal para el transporte clandestino de estas mercancías.
“El escenario de riesgo actual se configura principalmente por la presencia del grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Urabeños’, específicamente de la subestructura ‘Diomedes Dionisio Ortega Ramos’, perteneciente a la estructura ‘Erlin Pino Duarte’. Esta arquitectura ilegal se levantó sobre el sustrato de los remanentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que surgieron tras su desmovilización hace 14 años”, dice el documento de la Defensoría.
De acuerdo con la entidad, las AGC o ‘Clan del Golfo’ no se manifiestan de forma violenta, pero sí mantienen un entramado confeccionado para no alertar a las autoridades.
“En un primer círculo, se encuentra una arquitectura imperceptible altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos; en un segundo círculo están las estructuras y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos que faciliten el narcotráfico; en el tercer y último círculo, se halla una amplia y dispersa red de bandas que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico. Cabe anotar que, para generar entornos que permitan la movilidad por los corredores de la región, resulta mucho más útil mantener niveles bajos de violencia pues la comisión de homicidios llama la atención de las autoridades”, explica la Alerta Temprana.
La Defensoría del Pueblo también precisa que, aunque no hay una histórica presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta región, ni un indicio de un intento actual por disputar el territorio a las AGC, se han dado reportes de la presencia esporádica de grupos pequeños de guerrilleros, además de la circulación de panfletos y la aparición de pintas y banderas alusivas al grupo que podría tener varias explicaciones.
“(…) La circulación de panfletos posiblemente apócrifos o el despliegue de alguna bandera podrían tratarse en algunos casos de acciones de ‘falsa bandera’ realizadas por otro grupo armado ilegal para esconder su presencia y a la vez generar un ambiente de zozobra que favorece sus pretensiones de ofrecer seguridad y protección. Por otro lado, los panfletos, pintas y banderas también podrían provenir de este grupo armado ilegal sin significar su presencia y control sobre la zona sino un intento de su parte de crear la ilusión de un crecimiento y expansión que no se apega a la realidad. Finalmente, los avistamientos de pequeños grupos de guerrilleros podrían deberse también a que el territorio advertido es una zona de tránsito que conecta dos de los nichos históricos del ELN en las montañas perijaneras y el Catatumbo al oriente, y en el Sur de Bolívar al occidente. Se ha evidenciado que, ante la presión ejercida por el Ejército, miembros de dicha estructura se trasladan hasta el departamento del Magdalena ya sea para recibir atención médica, ocultarse o entregarse a la Fuerza Pública”, recalca el documento oficial.
Reportes comunitarios recogidos por la Defensoría sugieren que durante los primeros meses de 2020 se incrementó el tránsito del ELN por los municipios advertidos y que incluso han agredido físicamente a quienes cuidan fincas y parcelas de la zona rural cuando no los han dejado pernoctar allí.
Estos reportes soportan la información que señala que este grupo subversivo tendría un brazo armado a cargo de la logística del narcotráfico entre el corregimiento de La Pacha de Altos del Rosario y Barranco de Loba, en el sur de Bolívar y El Banco (Magdalena), hacia el municipio de Becerril (Cesar).
La Defensoría también recalca que la presencia y accionar de los grupos armados ilegales en el territorio alertado afecta de manera particular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes tanto de las cabeceras municipales como en el área rural de los seis municipios, donde se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) como consecuencia de la estrategia de control territorial y de fortalecimiento de economías ilegales que las AGC ha adoptado en asocio con bandas delincuenciales.
“Se ha evidenciado la utilización de menores de edad para la distribución y comercialización drogas ilícitas en entornos escolares, así como para que alerten a los miembros de actores armados ilegales sobre la presencia de la Fuerza Pública, de maneras que no necesariamente son desligados de sus entornos familiares”, dice la Alerta Temprana.
El oficio también indica que estas vulnerabilidades permiten que grupos armados de delincuencia organizada locales exploten sexualmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. “En los municipios de Guamal, San Sebastián y El Banco se ha identificado la operación de proxenetas que, en residencias sin ningún control, ofertan servicios sexuales”, señala la Defensoría.
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